Seis sentencias declaran fijos a 16 interinos de la Universidad de Alicante

Seis sentencias más, que demuestran que sí se puede. 

Los interinos de la Universidad de Alicante, han realizado un comunicado informando del fallo favorable del juzgado contencioso-administrativo de Alicante. Solicitan que no se recurra esta sentencia y amplían la petición a todas las administraciones para la exclusión en los procesos selectivos convocados de todas las plazas ocupadas por personal temporal en abuso de temporalidad.

Según palabras de D. Javier Arauz, abogado de estos trabajadores víctimas de abuso de contratación, 

"el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante, ha dictado seis sentencias por las que hace fijos a 16 funcionarios interinos de la Universidad de Alicante, condenando a esta Universidad a reconocerles el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeñan con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, aunque sin adquirir la condición de funcionario de carrera. 

La sentencia no solo se apoya en los argumentos del anterior fallo de este mismo Juzgado, sino que, además, confirma lo que el Despacho Araúz de Robles venía sosteniendo en cuanto a que el Auto del TJUE de 30 de septiembre de 2020, asunto Gondomar; y la STJUE de 11 de febrero de 2021, asunto C-770/18, confirman con rotundidad que si la Legislación de un Estado miembro no ha fijado una medida sancionadora para acabar con la precarización de los empleados del sector público, procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, sin que pueda invocarse por las autoridades nacionales la normativa interna que solo en este sector prohíbe esta conversión, ya que para que opere una prohibición de este tipo, es necesario que la Legislación nacional prevea en este Sector público -y la Legislación española no la prevé – otra medida efectiva para sancionar la utilización abusiva de contratos temporales. 

Estos fallos judiciales vienen a confirmar lo que desde hace años viene sosteniendo el Despacho Araúz de Robles, y constituyen un precedente que nos anima a seguir luchando por algo que no es solo una obligación legal impuesta por la Normativa europea, sino también un acto de Justicia y éticamente exigible: la fijeza de los empleados públicos víctimas de un abuso." 

Esperemos que