Está claro que tanto el abuso como el fraude en las contrataciones temporales de la administración hay que castigarlos siguiendo la legislación europea (ya que ésta no se traspuso). La única herramienta disponible (porque España no hizo los deberes cuando debía) es la estabilidad laboral de las personas víctimas (ver esta otra entrada de este mismo blog: https://tpatnavarra.blogspot.com/2021/02/no-mezclemos-churras-con-merinas.html).
Pero, ¡oh, sorpresa! a la hora de aplicar una indemnización, empiezan las cabriolas circenses:
- Decían que si una indemnización por “despido improcedente” era suficiente. (La sentencia de Europa dejó claro que no)
- Entonces se inventaron al “indefinido no fijo” es decir, te compenso de un tipo de temporalidad por otro tipo parecido. (La sentencia de Europa dejó claro que tampoco)
- Después se habló de estabilizar “plazas” en lugar de estabilizar personas. (Pero eso va contra la Directiva europea y su espíritu). Y, aun sabiéndolo, empezaron a sacar oposiciones masivas, abiertas, a cascoporro y en medio de una pandemia desbocada. (Europa dejó claro, en su sentencia de marzo de 2020, que no servían para compensar a las víctimas ni para castigar a la administración culpable de esta situación).
o
Si esto es así, ¿Por qué siguen adelante esas
OPEs? Algún interés más o menos oculto habrá cuando se están saltando, a
sabiendas, la legislación europea. (¿Despidos masivos sin indemnización antes
de que Europa dé un golpe en la mesa y les “obligue” -con buenas palabras- a
hacerles fijos? ¿Intereses económicos de los grupos que están detrás de academias,
cursillos y temarios? ¿Posibilidad de “meter” a allegados?… ) Queremos pensar
que no se debe a ningún interés oculto pero, entonces, ¿por qué lo hacen?
o
Y la escusa de que los jóvenes también tienen
derecho a acceder mediante oposiciones… ¡Por supuesto! Hacen falta OPEs, pero saquen
a oposiciones las vacantes que han surgido nuevas, de verdad, durante los últimos
3 años. Esas vacantes no están aún en fraude. Pero, eso sí, no saquen las que
hemos cubierto los temporales durante más de 3 años, porque esas sí están en
fraude y, cuando Europa se harte de estos juegos, tendrán que estar disponibles
para indemnizarnos con la fijeza.
Y, al quedar claro que todo esto “no cuela”, siguen los “trucos”. Alguna mente avispada habrá pensado algo así como, “si no queda más remedio que indemnizar a las víctimas, digamos que no hay víctimas”. Y ahí empieza ya el cachondeo:
- Administraciones que dicen que no hay fraude en las vacantes o que no se abusa de la temporalidad. Por ejemplo, alguna administración de Educación dice que, como hay asignaturas optativas y el número de alumnos cambia cada curso, es imposible decir que esas plazas son estructurales y hay que cubrirlas con interinos…
o
Señores, seamos serios. Casi un 50% de plazas
cubiertas por interinos ¿este es, de verdad, el motivo?
o
¿Acaso no existe la posibilidad de desplazar a
un funcionario o de hacer que un funcionario itinere entre dos centros cuando
algo así ocurra? Por supuesto que sí, y tenemos constancia de ello.
o
Seguro que, si hiciesen su trabajo de coordinar
adecuadamente estas situaciones, hablaríamos de un 8%, como mucho, de interinos
en educación (que es el porcentaje que exige Europa).
o Además, ¿Cómo es posible que, si no existen plazas estructurales, estén sacando un montón de ellas a oposición? Y eso que no están sacando todas las que de verdad hay.
- Tribunales que dicen que un contrato temporal en la administración de 10, 18, 20 años no es “inusualmente largo”. Sí, ya sabemos que, en este país, eso no es inusualmente largo, sino que es la media. Pero, no se burlen del espíritu de la Directiva europea. Cuando Europa se refiere a “inusualmente largo” no se refiere a la media de los contratos fraudulentos, sino a la media de lo que sería legal según Europa (2, 3 años).
Podría parecer que las nuevas ocurrencias saliesen de
trapecistas, funambulistas, equilibristas… pero salen de nuestras
administraciones y de nuestros juzgados.
Señores de la farándula, no nos tomen por payasos (con todo
mi respeto hacia esa noble profesión). Jugar con la ley, con los derechos y con
la vida de ciudadanos europeos no tiene ninguna gracia. Y, desde luego, no
vemos que Europa se esté riendo.
Ya están llegando a Europa denuncias de cómo están actuando
las administraciones y los juzgados de este país… Varios abogados de prestigio (D. Javier Arauz, D. Manuel Martos...) las están presentando, y Europa las está tomando muy en serio…
Como, aún así, parece que siguen los espectáculos circenses,
alguien acabará dando un golpe en la mesa, porque:
Señores, ¡esto no es una competición de ilusionistas!
¡Esto son derechos pisoteados por entidades que deberían
velar por sus ciudadanos!
¡Somos cientos de miles los afectados!
¡Esto es muy grave!
Os comparto un vídeo de D. Manuel Nicolás Martos, uno de los
abogados que se ha encontrado con lo último de nuestro Tribunal Supremo (el vídeo es de ayer). Bueno,
mejor que os lo explique él:
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