Según una publicación del 16 de julio de 2019 del diario CincoDías, perteneciente a ElPaísEconomía:
"La Comisión Europea denuncia que el alto tribunal estaba obligado a consultar a la Corte de Luxemburgo en todos los casos".
Según esta publicación de 2019, "El caso de los miles de interinos de la administración pública española que han optado por reclamar judicialmente una plaza fija tras años cubriendo puestos en situación de temporalidad está a punto de ser abordado por la justicia europea. El asunto, sin embargo, debía haber llegado ante la Corte comunitaria hace años pero no lo hizo porque el Tribunal Supremo incumplió sus obligaciones."
El escrito de Bruselas dijo haber "identificado más de sesenta casos entre febrero de 2015 y marzo de 2017 en los que el Tribunal Supremo español se negó a remitir el caso al Tribunal de Justicia”
CincoDías prosigue desvelando que:
"El Supremo, sin embargo, se negó, como ahora se revela que hizo en al menos otras seis decenas de casos similares. Jover avanza que, con la respuesta de la Comisión Europea en la mano, presentará ahora una demanda contra el Estado español alegando que uno de sus poderes, el judicial, incumplió sus obligaciones.
A partir de ahí, asume que si se derivan responsabilidades penales por prevaricación, acuerdo para incumplir la ley y daños a los afectados, los magistrados del Supremo que tomaron la decisión de bloquear las cuestiones prejudiciales deberán de sentarse en el banquillo."
"Sin embargo, aunque la Corte europea dictaminara en favor de los interinos, su fallo no beneficiaría a aquellos que ya habían litigado y obtuvieron un fallo en firme en contra, lo que se podría haber evitado si el Supremo hubiese elevado su consulta hace años, expone Jover, que considera que puede haber 50.000 casos de este tipo."
Hace ya un año y medio de esta publicación, y vemos cómo pocas cosas han cambiado.
Europa dicta sentencias y autos ante cuestiones prejudiciales, y lo hace muy a menudo. Pero las lecturas e interpretaciones de dichas sentencias son de lo más variadas, dependiendo del sindicato, el político o el jurista de turno. ¿Tan difícil es seguir el espíritu de una directiva en lugar de buscar cómo adaptarla a las conveniencias de cada uno?
¿Hablamos todos el mismo idioma?
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